Manuel Adorni podría ser citado a prestar declaración indagatoria por la Justicia federal antes del receso invernal de los tribunales, que se extenderá durante las últimas dos semanas de julio. La medida está en manos del juez Ariel Lijo, quien, junto al fiscal Gerardo Pollicita, investiga supuestas irregularidades en los gastos y el patrimonio del jefe de gabinete.

La indagatoria se concibe como una oportunidad para que Adorni se defienda una vez que el juez considere que existen pruebas suficientes para sospechar su participación en un delito, sin que ello implique una condena previa. Según fuentes judiciales, Lijo aguarda completar ciertas medidas probatorias para formalizar la citación, que encabezaría una posible decisión de procesamiento.

La investigación se centra en presunto enriquecimiento ilícito atribuido a Adorni, especialmente vinculado a un viaje a Punta del Este, Uruguay, junto al productor Marcelo Grandio, y a costosas reformas en su casa de fin de semana, que superarían el valor estimado del inmueble. Grandio es dueño de la productora Imhouse, que mantiene contratos de coproducción con la TV Pública y habría transferido dinero a Adorni antes de que éste asuma su cargo público.

Además, se cuestiona la financiación del vuelo privado que llevó a Adorni y su familia a Punta del Este durante un fin de semana largo de Carnaval. Aunque Adorni sostuvo que pagó el pasaje con fondos propios, la Justicia sospecha que el costo lo asumió Grandio, lo que podría configurar negociaciones incompatibles con la función pública o la recepción de dádivas.

El juez Lijo también ordenó analizar los intercambios telefónicos entre Grandio, Adorni y Horacio Silva, socio fundador de Imhouse, para aclarar la naturaleza de sus relaciones. Grandio, quien fundó Imhouse en 2016 y fue presidente hasta 2020, mantiene vínculos con la productora, que realiza programas para el canal estatal, especialmente tras la llegada de La Libertad Avanza a la Casa Rosada.

Este proceso pone a Adorni en una situación judicial delicada, ya que en Comodoro Py se interpreta que la convocatoria a indagatoria suele anticipar un posible procesamiento. El caso refleja la tensión entre la administración pública y los vínculos con el sector privado, en un contexto donde la transparencia y la integridad pública están bajo escrutinio.