Una nueva movilización nacional agita el ambiente universitario con una concentración principal en la Ciudad de Buenos Aires. Miles de estudiantes, docentes y trabajadores de universidades públicas se dirigieron hacia Plaza de Mayo para reclamar una mejora urgente en el financiamiento del sector y un ajuste de salarios que compense la pérdida del poder adquisitivo. Esta protesta se desarrolla en el marco de paros y suspensiones de actividades en diversas casas de estudio.

La convocatoria, impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional y la Federación Universitaria Argentina, denuncia un deterioro real en el presupuesto universitaria. Según los manifestantes, las transferencias estatales habrían disminuido en términos reales en los últimos años, afectando el funcionamiento de universidades, laboratorios, hospitales universitarios y comprometiendo la calidad de la educación pública.

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Los reclamos principales apuntan a la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario y a una recomposición salarial inmediata para el personal docente y no docente. Los sindicatos y las organizaciones estudiantiles sostienen que la inflación impactó negativamente en los ingresos de quienes trabajan en la educación superior, generando una situación insostenible.

En Buenos Aires, la protesta comenzó desde distintas concentraciones en puntos estratégicos como la Plaza Houssay en Recoleta, avenida de Mayo, Salta, Diagonal Norte y Diagonal Sur. Estas marchas convergieron luego en dirección al microcentro, causando interrupciones parciales o totales en avenidas principales y generando un fuerte impacto en el tránsito durante gran parte de la tarde. Las autoridades recomendaron evitar la zona central entre el mediodía y la noche para minimizar inconvenientes.

Por su parte, el Gobierno nacional relativizó las críticas. El subsecretario de Políticas Universitarias calificó el presupuesto universitario como arbitrario y sostuvo que la asignación responde a decisiones políticas sin un mecanismo fijo, cuestionando así las demandas de desfinanciamiento. Esta postura contrastó con la posición de los rectores y dirigentes universitarios, quienes anticiparon una movilización masiva con respaldo social, argumentando que la educación pública, la ciencia y la salud cuentan con apoyo ciudadano amplio.