Un juez federal ordenó el procesamiento con prisión preventiva de una organización dedicada a la compra y venta irregular de armas de fuego, cuya actividad alcanzó a la Patagonia, incluyendo provincias como Neuquén, Chubut y Tierra del Fuego. La banda operaba un sistema sofisticado para desviar armamento legal hacia circuitos delictivos mediante «testaferros registrales» y la participación de armerías, gestores y hasta un oficial policial.

El operativo que desarticuló esta red incluyó más de 140 allanamientos simultáneos en trece jurisdicciones, movilizando cerca de setecientos efectivos de la Policía Federal Argentina. Las pesquisas indicaron que, al menos desde principios de 2022, el grupo logró registrar formalmente a más de 700 armas a nombre de personas vinculadas a la organización, aunque en los domicilios asociados no se encontraron esos armamentos, cuya ubicación final se desconoce.

La investigación reveló que la banda reclutaba personas en situación vulnerable para inscribirlas como usuarios legítimos ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), dispositivo que les permitía adquirir pistolas semiautomáticas de distintos calibres que luego entregaban a la organización para su comercialización ilegal. También existen indicios que apuntan al posible contrabando de armas hacia Chile.

El despliegue operativo fue coordinado por el Departamento de Investigaciones Antimafia de la Policía Federal y cubrió un amplio espectro territorial: la mayoría de los allanamientos se concentraron en Buenos Aires y la Ciudad Autónoma, pero también se llevaron a cabo procedimientos en Tucumán, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, San Luis, Misiones y provincias patagónicas.

Entre los elementos secuestrados durante los operativos se contabilizaron aproximadamente 120 armas, que incluyen pistolas, escopetas, revólveres, ametralladoras, fusiles y carabinas. Además se incautó munición de diversos calibres, una granada de mano tipo Mk 2 y abundante documentación junto a dispositivos electrónicos que formaban parte de la estructura criminal.

Para el magistrado, la evidencia confirma la existencia de un entramado profesionalizado y estable que operó con métodos periódicos y con una distribución clara de tareas, desde la adquisición hasta la venta ilegal de armas. El caso expone un delito complejo que involucra mecanismos formales y la manipulación de registros oficiales para alimentar el mercado ilegal de armamento en distintas regiones del país.