El proyecto para modificar el Régimen de Zonas Frías y reducir los subsidios al gas obtuvo aprobación en la Cámara de Diputados, con un respaldo mayoritario tras negociaciones clave entre el gobierno y gobernadores provinciales. Esta reforma busca acotar el apoyo estatal para el consumo de gas a un universo mucho más reducido de beneficiarios, pasando de cuatro millones a aproximadamente un millón.

Se revierte la ampliación territorial aprobada en 2021, que había extendido el régimen a varias localidades del país. Ahora, los subsidios se limitarán geográficamente a la Patagonia, la Puna y el departamento de Malargüe en Mendoza, y se introduce un criterio socioeconómico para la asignación basado en los ingresos familiares, excluyendo a hogares con mayores recursos, incluso si residen en zonas frías.

Para lograr el acuerdo, el gobierno ofreció compensaciones parciales en la tarifa eléctrica para ciertas regiones cálidas y estableció un mecanismo para condonar las deudas que mantienen las distribuidoras eléctricas con CAMMESA, la cámara que administra el mercado mayorista eléctrico. Estas deudas habían generado tensiones para la operación de las empresas, por lo que la alianza con gobernadores resultó estratégica para garantizar la aprobación del proyecto por 132 votos a favor, 105 en contra y cuatro abstenciones.

El subsidio reducido consistirá en un descuento del 50% en la tarifa de gas natural exclusivamente sobre el consumo medido en metros cúbicos, excluyendo el cargo fijo mensual. Solo los hogares incluidos en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados podrán acceder a este beneficio, que busca ser más focalizado y eficiente.

El gobierno estima que esta reforma generará un ahorro fiscal considerable, que se ubica entre varios cientos de miles de millones de pesos anuales. Estos recursos podrían ser redirigidos para atender otras prioridades presupuestarias del Estado.

La oposición cuestionó duramente la medida, describiéndola como un aumento encubierto de tarifas que afectará la economía doméstica de numerosas familias. Además, criticó las exenciones y la condonación de deudas para las empresas energéticas, argumentando que favorecen a las compañías en detrimento de los consumidores.