La Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) enfrenta una situación financiera crítica que amenaza la continuidad de sus actividades más allá del pago de sueldos docentes y no docentes. Ante este escenario, las autoridades de la casa de estudios convocaron a la comunidad universitaria y a la sociedad civil a participar en la Marcha Federal Universitaria, que busca advertir sobre el desfinanciamiento que impacta en la estructura y funciones de la universidad pública.

El vicerrector Oviedo y el secretario de Relaciones Institucionales, Isaías Díaz, resaltaron que esta movilización no se trata simplemente de un reclamo salarial, sino de una defensa de la supervivencia de la universidad. Subrayaron que, aunque los salarios se están pagando con retraso y sin ajustarse a la inflación, la verdadera preocupación radica en la insuficiencia de fondos para cubrir los gastos de funcionamiento, lo que imposibilita la planificación y desarrollo cotidiano de la institución.

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En la entrevista brindada, los funcionarios enfatizaron que la reducción del financiamiento afecta directamente al sistema científico y al desarrollo académico regional, considerado un pilar fundamental para la movilidad social y el progreso. Recordaron que la universidad pública es accesible para miles de jóvenes que dependen de la gratuidad y la calidad educativa para proyectar su futuro.

Respecto a las acusaciones de un supuesto mal manejo de los recursos por parte de la universidad, el vicerrector aseguró que las finanzas se gestionan con transparencia y que los gastos se rinden mediante el sistema oficial SIU Mapuche. También manifestó la disposición de la casa de estudios para someterse a auditorías, siempre y cuando se garantice un trato recíproco en la entrega de recursos.

La marcha en La Rioja tendrá un carácter simbólico y comenzará con una concentración en el monumento a Joaquín V. González, fundador de la Universidad Nacional de La Plata, luego de la cual los manifestantes se dirigirán hacia la sede universitaria para expresar el respaldo del estudiantado y de la comunidad ante el panorama de restricciones presupuestarias.

Este llamado a movilizarse se da en un contexto en el que las autoridades critican las políticas nacionales que, según ellos, pretenden acotar el alcance de la universidad pública, poniendo en riesgo su gratuidad y su papel social.