El Ministerio de Economía concluyó la operación de venta de la participación accionaria que tenía la estatal ENARSA en Citelec S.A., empresa que controla a Transener, la principal transportadora de energía en alta tensión del país. La adjudicación recayó en un consorcio privado conformado por Edison Transmisión S.A. y Genneia, quienes se impusieron en un concurso público nacional e internacional por un monto superior a 350 millones de dólares sin incluir el IVA.
Citelec posee la mayoría accionaria en Transener, que a su vez opera la concesión del transporte de energía eléctrica a nivel nacional a través de la red de alta tensión. La venta oficializa la transferencia del 50% de las acciones que ENARSA mantenía en Citelec, compañía que concentra más del 50% del capital total de Transener, distribuidas entre acciones clase A y clase B.
En el proceso licitatorio, el Ministerio de Economía también determinó el orden de mérito de las ofertas que no resultaron ganadoras. Central Puerto S.A. quedó en segundo lugar con una propuesta cercana a 301 millones de dólares, seguida por la empresa distribuidora EDENOR S.A., cuya oferta fue de 230 millones de dólares, ambas sin incluir el IVA.
El ministerio estableció un plazo de quince días hábiles para la firma del contrato de compraventa, que comenzó a contar desde la publicación de la resolución oficial. Con esta operación, el Estado se retira completamente de la participación accionaria en la transportista, reafirmando el esquema regulatorio vigente, que prevé la gestión privada bajo supervisión estatal del transporte eléctrico.
Además de controlar Transener, la firma maneja Transba, concesionaria que administra el transporte de energía eléctrica por distribución troncal en la provincia de Buenos Aires, exceptuando zonas bajo la jurisdicción de Edenor, Edesur y Edelap. Este aspecto consolida la importancia estratégica de la transacción para el sistema eléctrico nacional.
El Ministerio de Economía destacó previamente que las propuestas reflejan el interés del sector privado en financiar infraestructura esencial para el funcionamiento del sistema eléctrico argentino, implicando un avance hacia la consolidación del mercado con mayor participación privada.