El análisis de mensajes y audios obtenidos en un teléfono secuestrado permitió descubrir un esquema paralelo para acelerar las autorizaciones del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA). Este sistema ilegal ofrecía gestionar permisos de importación a cambio de una comisión que oscilaba entre el 10 y el 15 por ciento del valor declarado en dólares, ya sea al tipo de cambio oficial o al dólar paralelo.
La investigación, a cargo del fiscal Franco Picardi y el juez Ariel Lijo, se enmarca en una causa que indaga sobre el acceso al dólar oficial durante el último cepo cambiario y la posterior venta de divisas a precio superior en el mercado paralelo, conocido como dólar blue. En esta causa también se abrió una línea de pesquisa sobre las autorizaciones de importación durante 2022 y 2023, donde están involucradas más de cincuenta personas y empresas.
Entre los documentos examinados, se destacan conversaciones de WhatsApp provenientes del teléfono de Martín Migueles, ex socio de Elías Piccirillo. En esos chats aparece un contacto identificado como “Ariel Viken”, cuyo verdadero nombre es Ariel Germán Saponara, un abogado vinculado al Gobierno de la Ciudad con antecedentes en la Policía Metropolitana y conexiones con la Presidencia de la Nación según su perfil de LinkedIn.
Durante el cepo cambiario, Saponara buscaba contactos que “liberen las declaraciones de importación” y negociaba comisiones con Migueles. En un mensaje, mencionó que la comisión llegaba al 15%, pero que podría conseguir un “poco menos”. Migueles, por su parte, afirmó poder gestionar permisos con un cobro aproximado del 11 o 12 por ciento, dependiendo del operativo y la rapidez en procesar los trámites.
Los audios revelan además que estas autorizaciones podían manejarse con rapidez, siempre y cuando hubiera negociación y un “retorno” para quienes intervenían. Saponara llegó a decir en una conversación que estaba trabajando desde un ministerio, aunque no precisó cuál, pero remitió nuevamente a su perfil donde figuran cargos vinculados al Gobierno nacional.
La causa no solo preocupa por la maniobra en sí, sino porque involucra a funcionarios con acceso a información clave y vínculos para facilitar las operaciones ilegales. Además del cobro a importadores, se investiga cómo estos operadores habrían aprovechado el sistema para favorecer ventas millonarias en el mercado del dólar paralelo, en un contexto donde el acceso al dólar oficial estaba restringido.
Este entramado confirma la existencia de una red que manejaba permisos de importación bajo condiciones opacas, dificultando el control estatal y beneficiándose irregularmente de las restricciones cambiarias impuestas entre 2022 y 2023.