Una investigación judicial reveló la existencia de una red delictiva dedicada a agilizar permisos de importación durante 2022 y 2023 mediante el cobro de retornos ilegales que rondaban entre el 10% y el 15% del valor declarado. Este mecanismo operaba en paralelo al Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), ofreciendo a las empresas aprobaciones en plazos de hasta diez días, cuando el trámite habitual demoraba más de tres meses.
Los peritajes sobre los teléfonos de uno de los implicados, Martín Migueles, ex socio vinculado a Elías Piccirillo, sirvieron para descubrir la trama. Según el expediente, los márgenes de ganancia de los intermediarios se calculaban tanto al tipo de cambio oficial como al dólar blue, según el acuerdo alcanzado con las empresas importadoras.
En conversaciones de WhatsApp, uno de los principales nexos, Ariel Germán Saponara —abogado con experiencia en el Gobierno de la Ciudad y vinculado actualmente a Presidencia de la Nación—, consultaba sobre contactos para «liberar» declaraciones de importación de productos como autoelevadores y repuestos. Los audios revelan negociaciones sobre porcentajes de coimas, con referencias a un 11-13% sobre el valor de la operación.
Otro actor clave es Héctor Ezequiel Pipo Caputto, quien se encargaba de canalizar las solicitudes hacia funcionarios con capacidad de influir en las aprobaciones. En los mensajes de voz analizados, explica que el costo para «mover» los expedientes implicaba rendir un 15% oficial, sumado a operaciones para convertir las ganancias a dólares billete.
Antes de levantar el secreto de sumario, el juez Ariel Lijo ordenó varios allanamientos contra financistas vinculados al esquema, incluyendo a Gonzalo Gonzalote Calo, Fernando Rubén Tacchi y Alejandro El Turco Calian. En total, la causa apunta a más de 50 personas y empresas involucradas en esta red.
Además, el fiscal Franco Picardi investiga a otros dos intermediarios mencionados en las escuchas como «Pato» y «La Señora», esta última considerada un eslabón fundamental por su presunta función jerárquica dentro de la Secretaría de Comercio o entes evaluadores, con poder decisorio para aprobar o rechazar importaciones.