El Gobierno trabaja en una reforma de gran alcance que unifica los ámbitos de seguridad, defensa e inteligencia para ser presentada al Congreso en los próximos meses. Esta iniciativa aspira a crear un sistema más coordinado y estratégico que permita una respuesta eficiente frente a amenazas como el narcotráfico, el terrorismo, el crimen organizado, los ciberataques y la influencia de potencias extranjeras.
Uno de los ejes centrales de esta reforma es la creación de un Consejo de Seguridad Nacional que agrupe a las principales áreas del Estado, incluyendo a la Presidencia, los ministerios de Seguridad, Defensa y Relaciones Exteriores, así como a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y al Estado Mayor Conjunto. Este órgano se basaría en el modelo estadounidense establecido tras la Ley de Seguridad Nacional de 1947, con la intención de ordenar y articular decisiones relacionadas con amenazas externas y coordinación internacional.
Este nuevo paquete legislativo se presenta como una segunda etapa de las políticas de seguridad en marcha, tras la aprobación de la Ley Antimafia, reformas en materia penal y cambios administrativos y operativos en las fuerzas federales. Busca dar coherencia institucional al vínculo entre las fuerzas federales, las Fuerzas Armadas y los organismos de inteligencia, evitando superposiciones y optimizando las capacidades de cada entidad.
En los últimos meses, el Gobierno modificó por decreto la estructura y funciones de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario Federal. Estas reformas incluyeron ajustes en la carrera, el régimen disciplinario, el control interno y la modernización tecnológica, además de ampliar las misiones operativas de estas instituciones, como es el caso de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Por otra parte, este plan refuerza el alineamiento estratégico con Estados Unidos, consolidado con la adhesión al Escudo de las Américas, una alianza regional enfocada en la cooperación contra el crimen organizado y el narcoterrorismo, así como en la contención de influencias externas, principalmente de China. Esta dimensión internacional marca un rumbo claro en la agenda de seguridad nacional que el Gobierno pretende consolidar mediante esta reforma.