Un fallo judicial suspendió artículos esenciales de la Ley de Modernización Laboral, resguardando derechos y beneficios del convenio colectivo de camioneros y generando impacto en el movimiento sindical.
Desde julio de 2026, Esteban Echeverría aplica nuevas reglas para licencias profesionales, diferenciando alcance jurisdiccional y requisitos según categorías y zonas de circulación.
El Poder Ejecutivo amplió las exenciones del impuesto sobre débitos y créditos bancarios, beneficiando a fintech y proveedores de servicios de activos virtuales que cumplan requisitos oficiales.
El gobierno local completó la reparación de la calle Caaguazú y continúa con trabajos de bacheo en otros sectores de San José, Llavallol y Lomas de Zamora para optimizar la transitabilidad.
El Sindicato de Trabajadores Municipales de Necochea presentó reclamos formales por la falta de calefacción en oficinas y la ausencia de indumentaria y elementos de protección para empleados operativos.
El ministro de Economía de Formosa alertó que varias provincias del norte argentino sufren el impacto de la retención de fondos nacionales, deuda previsional y el freno a la obra pública.
A pesar de la reducción histórica de la pobreza en Colombia, el avance social no se tradujo en respaldo electoral para el gobierno saliente, reflejando una tendencia regional.
El principal sospechoso del homicidio de una docente en Mendoza quedó formalmente acusado por femicidio tras ser detenido luego de intentar huir hacia Chile.
El exjefe de Gabinete Manuel Adorni enfrenta una prohibición de salir de Argentina en medio de una investigación que analiza su patrimonio y gastos bajo sospecha.
La Asociación Forestal Argentina Regional Misiones alerta que el proyecto nacional para modificar el régimen de tierras podría afectar la producción, el ambiente y la seguridad jurídica en la provincia.
La disputa entre figuras clave del peronismo-kirchnerismo revela un enfrentamiento por el control político, mientras la ciudadanía espera respuestas concretas frente a la crisis actual.
Durante la dictadura y recientemente, el Estado argentino ha absorbido deudas privadas de grandes grupos económicos, pero no aplica esta medida a quienes se endeudan para cubrir necesidades básicas.