El centro del debate durante una reciente audiencia del juicio por la muerte de Diego Maradona giró en torno a la diferencia entre “hospitalización” y “atención” domiciliaria, modalidad aplicada tras la cirugía cerebral a la que fue sometido el exfutbolista. La salud de Maradona, su tratamiento y las responsabilidades de los involucrados conforman el eje principal del proceso judicial.
Agustina Cosachov, psiquiatra y una de las profesionales acusadas, sostuvo que no fue adecuado que Maradona regresara a su domicilio tras la operación por un hematoma subdural. Explicó que, debido a la depresión y adicción al alcohol del paciente, lo recomendable era continuar la rehabilitación en un centro especializado; sin embargo, la negativa del propio Maradona llevó a un acuerdo intermedio: una hospitalización domiciliaria con servicios médicos coordinados para su cuidado en una vivienda alquilada en las afueras de Buenos Aires.
Cosachov detalló que solicitó un equipo multidisciplinario que incluyera médico general, neurólogo, enfermeros y especialistas en consumo problemático de sustancias, además de ambulancias para traslados. La psiquiatra afirmó que confió en que la empresa privada Swiss Medical, encargada de la logística, garantizaría la calidad del servicio. Por su parte, Mariana Flichman, ex médico forense de Swiss Medical, aclaró que su rol se limitó a la documentación y que el acompañamiento era de cuidados domiciliarios, no un tratamiento hospitalario. Según Flichman, la empresa no intervino directamente en el cuadro clínico.
El juicio, desarrollado en el juzgado de San Isidro, investiga la correcta aplicación y supervisión del régimen de hospitalización domiciliaria que finalizó con la muerte de Maradona por paro cardiorrespiratorio y edema pulmonar. Aunque Swiss Medical no está formalmente acusada, una de las imputadas, Nancy Forlini, actuó como coordinadora médica durante la recuperación del exfutbolista para esa empresa.
Los siete profesionales imputados enfrentan cargos por homicidio con posible dolo, al presuntamente haber sabido del riesgo que implicaba la atención brindada. La causa podría culminar con penas de hasta 25 años de prisión. El proceso judicial, con dos audiencias semanales, tiene previsto extenderse por varios meses.